La nueva ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que la responsabilidad del productor sobre sus residuos no terminará cuando dichos desechos llegan al gestor de residuos, sino cuando se ha completado el tratamiento. Además, se exige una mayor trazabilidad a los gestores para poder decir en todo momento al productor donde está el residuo. En este proceso los Ayuntamientos deberán repercutir en los ciudadanos una subida en la tasa de basuras ya que el coste del procesamiento y el reciclaje es mucho mayor que antes.

El informe Draghi de la Comisión Europea ha solicitado que se unifiquen las distintas legislaciones incluyendo las tasas de recogida de basuras y reciclaje si bien establece tres características fundamentales que tiene que contar este proceso:
• Flexibilidad a la hora de implantar las normas.
• Paciencia ante el proceso legislativo europeo.
• Concienciación para acercar la norma a los ciudadanos

El artículo 11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, exige a los Ayuntamientos a partir del día 10 de abril de 2025 el cumplimiento de ciertas obligaciones respecto de la tasa por la recogida de residuos, que resultan técnicamente complejas en su aplicación, especialmente para los pequeños municipios

 

Por ello, instamos al Gobierno de España a aplicar una moratoria respecto de las obligaciones que dicha ley impone a los Ayuntamientos, teniendo en cuenta la complejidad técnica de su aplicación, especialmente para los pequeños municipios.